Resumen
Este artículo analiza cómo distintos países abordan los delitos con criptomonedas y el papel de la notificación Silver de INTERPOL.
Por Michelle Estlund, 8 de mayo de 2025
Nuestra última publicación se centró en la nueva notificación de INTERPOL, la Notificación Plata. Esta nueva herramienta permite a los países miembros solicitar información sobre los bienes activos vinculados a las actividades delictivas de una persona, como el fraude, la corrupción, el tráfico de drogas, los delitos medioambientales y otros delitos graves. Entre ellos se incluyen las criptomonedas, que cada vez se asocian más a actividades delictivas a pesar de sus múltiples usos legítimos.
Si bien todos los países miembros tendrán acceso a la Notificación Plata como medio para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas, no todos los países miembros están adoptando el mismo enfoque para detener las crecientes actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas. Una muestra de los estilos de aplicación de la ley:
- Canadá: Aunque las criptomonedas no se consideran moneda de curso legal en Canadá, el país permite su uso. Canadá ha sido más proactivo que otros países en lo que respecta a la regulación de las criptomonedas. Dadas las preocupaciones e incertidumbres que suscitan las criptomonedas, el Gobierno federal ha dejado claro que las entidades reguladas a nivel federal, como los bancos, deben cumplir todos los requisitos legales aplicables y las directivas de los reguladores federales cuando trabajen con criptoactivos. En 2024, la RCMP comenzó a formar a más agentes para investigar los delitos relacionados con las criptomonedas.
- Países de la Unión Europea: En 2020 entraron en vigor la Quinta y Sexta Directivas contra el blanqueo de capitales de la UE, que endurecen las obligaciones de KYC/CFT (Conozca a su cliente/Lucha contra la financiación del terrorismo) y los requisitos estándar de información. El objetivo del KYC en relación con la actividad criptográfica es prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros, mientras que el CDD (Customer Due Diligence, diligencia debida con respecto al cliente) es un conjunto de medidas que los bancos y otras instituciones financieras deben adoptar para identificar a sus clientes, evaluar sus riesgos y supervisar sus transacciones.
Además, aunque las criptomonedas no son moneda de curso legal oficial, la UE exige a determinados proveedores de servicios criptográficos que soliciten una licencia de explotación. En 2023 entró en vigor la normativa sobre mercados de criptoactivos (MiCA), un marco que aumenta la protección de los consumidores, establece una conducta explícita para el sector criptográfico e introduce nuevos requisitos de licencia. Esta legislación tiene por objetivo dotar a los reguladores de las herramientas necesarias para rastrear el uso de las criptomonedas para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, al tiempo que proporciona protección a los usuarios. La UE también aprobó nuevas regulaciones sobre criptomonedas en 2023, incluyendo planes para crear una autoridad a nivel de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales.
- República Popular China: El comercio de criptomonedas está generalmente prohibido en China y las criptomonedas no están reconocidas como moneda de curso legal. Sin embargo, según se informa, los gobiernos locales están utilizando empresas privadas para vender monedas digitales que han sido incautadas a cambio de efectivo en medio de una economía en recesión.
En marcado contraste con cada uno de los ejemplos anteriores y a pesar de la alarmante tasa de actividad delictiva relacionada con las criptomonedas, según informa Reuters, Estados Unidos está siendo cada vez más pasivo y contradictorio al tomar las siguientes medidas:
- El Departamento de Justicia de Estados Unidos está disolviendo su Equipo Nacional de Control de Criptomonedas (NCET) y ordenando a los fiscales que reduzcan las investigaciones sobre criptomonedas para centrarse en los cárteles de la droga y los grupos terroristas. La unidad, conocida como NCET, se creó en febrero de 2022 como parte de la apuesta de la administración Biden por combatir el fraude y las finanzas ilícitas. Sin embargo, bajo la presidencia de Donald Trump, cuya familia está creando su propia empresa de criptomonedas y, según se informa, posee el 75 % de los ingresos netos de las ventas de tokens de World Liberty Financial, el Gobierno de Estados Unidos está dando un giro de 180 grados en materia de criptomonedas. El presidente ha prometido convertir a Estados Unidos en la «capital mundial de las criptomonedas». La administración Trump está revirtiendo la posición anterior de Estados Unidos, incluso cuando la INTERPOL aumenta sus esfuerzos para prevenir actividades ilegales, particularmente en el sector de las criptomonedas. El nuevo enfoque declarado de perseguir principalmente los casos de criptomonedas relacionados con el tráfico de drogas y el terrorismo excluye necesariamente los delitos de cuello blanco, como el fraude, el lavado de dinero, la apropiación indebida de activos, la malversación y la evasión fiscal, lo que podría ser conveniente para el presidente de Estados Unidos y su familia.
La introducción de las notificaciones plateadas por parte de INTERPOL supone un importante avance en los esfuerzos internacionales por localizar activos ilícitos, especialmente ahora que las criptomonedas se están convirtiendo en un vehículo cada vez más habitual para los delitos financieros. La intensidad con la que se persigan esos activos dependerá de la solidez de las iniciativas policiales en cada país miembro.
Parece que Estados Unidos ha decidido no liderar el grupo.
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